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Modifica el Código Técnico de la Edificación para añadir una nueva exigencia de ahorro de energía: dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de los edificios. Con ello se incorpora parcialmente una directiva europea sobre eficiencia energética de los edificios.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.

Crea un mecanismo para compensar a ciertas empresas industriales por los costes indirectos de las emisiones de CO2 que soportan, dentro del periodo 2021-2030. Regula quién puede recibir estas ayudas y cómo se solicitan, tramitan y controlan.

Declara como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) el desarrollo de un ecosistema para fabricar vehículos eléctricos y conectados. Esta figura permite la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para impulsar proyectos de inversión.

Crea la figura del consumidor electrointensivo: empresas cuya producción depende mucho de la electricidad. Regula cómo se certifican, qué obligaciones tienen y crea ayudas para compensar cargos eléctricos y cubrir riesgos de compra de energía a largo plazo.

Modifica y deroga normas sobre calidad y seguridad industrial. Elimina la homologación administrativa de ciertos productos y deroga reglas nacionales sustituidas por reglamentos europeos. También ajusta la regulación de la actividad industrial y los servicios en talleres de reparación de vehículos.