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Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

Regula la gestión del agua en Castilla-La Mancha: competencias de la región y los ayuntamientos, planificación de abastecimiento y depuración, normas del servicio, obras, cánones (DMA, aducción y depuración) y régimen sancionador.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.