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Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Regula cómo se gestionan y controlan las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España y establece un régimen de infracciones y sanciones por incumplimientos. También fija normas sancionadoras en sectores agrarios conexos, como el aceite de oliva, la leche, la cría animal y la nutrición de suelos.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Regula la producción y gestión de residuos en España para avanzar hacia una economía circular. Establece la jerarquía de residuos, objetivos de prevención, reutilización y reciclado, y obligaciones para productores y gestores. Incluye medidas fiscales, normas sobre suelos contaminados y un régimen sancionador.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Adapta la ley que regula las haciendas locales a varias sentencias del Tribunal Constitucional sobre el impuesto municipal que grava la subida de valor de los terrenos urbanos. Establece que no se pague el impuesto cuando no haya aumento de valor y cambia cómo se calcula la base imponible para que refleje el mercado inmobiliario.

Establece medidas para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales. Crea una deducción en el IRPF por obras que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, modifica la ley de propiedad horizontal y la ley de suelo, y aprueba una línea de avales del Estado para financiar estas obras.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.