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Regula cómo se evalúan las tecnologías sanitarias (medicamentos, productos sanitarios, pruebas diagnósticas, procedimientos y terapias) para informar decisiones sobre su incorporación, financiación, precio o retirada. Crea un sistema con un Consejo de Gobernanza y oficinas de evaluación, y fija el contenido clínico y no clínico de las evaluaciones.