Buscar en el BOE

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley regula la retirada y gestión del amianto en Cataluña. Crea instrumentos como el Censo catalán de materiales con amianto, el certificado de presencia o ausencia de amianto y un fondo económico. También fija derechos y obligaciones para administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía, y establece inspección y sanciones.

Modifica la Ley 3/2024 para ampliar las medidas urbanísticas que permiten aumentar la oferta de vivienda de protección pública. Facilita el cambio de uso de edificios y parcelas de oficinas a vivienda protegida en alquiler sin recalificar el suelo.

Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal en Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, simplificación agraria y medidas fiscales.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

Modifica la Ley de puertos de las Illes Balears para adaptarla a la normativa estatal. Añade un artículo sobre embarcaciones, vehículos y objetos abandonados en zonas portuarias de gestión directa y habilita al Consejo de Gobierno para desarrollarla.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

La ley regula la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Andalucía. Establece cómo se clasifican y declaran los bienes culturales, quién tiene competencias y qué obligaciones existen para sus propietarios. También crea instrumentos de registro e información y fija un régimen de inspección y sanciones.

Regula la renta valenciana de inclusión, una prestación económica y de acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad social o económica en la Comunitat Valenciana. Establece los requisitos de acceso, las cuantías y complementos, los itinerarios de inclusión y el procedimiento para solicitarla, mantenerla o perderla.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Modifica la Ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias y el Decreto-ley 1/2009 de equipamientos comerciales de Cataluña. Actualiza la regulación de la actividad comercial, los establecimientos y la planificación territorial de los equipamientos comerciales.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

La ley regula la protección del arbolado urbano y del arbolado de especial protección en Canarias. Establece reglas sobre tala y poda, obliga a los municipios a hacer inventarios de sus árboles y crea un régimen sancionador.

Modifica varias leyes del País Vasco para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas de suelo, urbanismo, vivienda protegida, medio ambiente, turismo y garantía de ingresos. Incluye medidas sobre reservas de vivienda protegida y plazos de tramitación.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Regula el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía: cómo se clasifican, adquieren, usan y protegen sus bienes y derechos. Incluye normas sobre bienes públicos y privados, alquiler y cesión de inmuebles, edificios administrativos y empresas públicas.

La ley regula la política de vivienda en Andalucía: fija competencias de la Junta y los ayuntamientos, la planificación (Plan Andaluz de Vivienda y Suelo), la calidad y rehabilitación de viviendas, el régimen de la vivienda protegida y la inspección y sanciones en materia de vivienda.