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Modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar más estabilidad a los contratos de alquiler de vivienda habitual. Cambia la duración y las reglas de prórroga y extinción del contrato, y fija cómo se aplica a los contratos ya vigentes.

El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

Modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Regula la duración del contrato y su renovación, y coordina estos cambios con la prórroga extraordinaria ya prevista. Incluye un régimen transitorio para los contratos que ya están vigentes.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

Amplía al ejercicio 2026 una deducción en el IRPF para residentes en la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas con superávit y bajo endeudamiento financiar inversiones entre 2026 y 2028. También abre un nuevo plazo para suspender pagos de préstamos a afectados por el volcán y regula una prestación por cese de actividad para autónomos afectados.

Establece medidas urgentes de protección laboral y social para las personas afectadas por los incendios forestales de 2026 en Madrid, Ávila y Toledo. Incluye la suspensión del contrato con una prestación extraordinaria, un permiso por fallecimiento y medidas de Seguridad Social, notariales y registrales.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

Establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler de vivienda habitual que terminen antes del 31 de diciembre de 2027. También limita la subida anual de la renta al 2 % hasta esa fecha, y en todo caso si el arrendador es un gran tenedor.