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Regula la concesión directa de subvenciones para promover alojamientos universitarios asequibles durante el ejercicio presupuestario 2026. Fija el procedimiento, las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, las cuantías y las obligaciones de las entidades que reciben el dinero.

Regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las cuantías, la forma de pago, la justificación y las obligaciones de las comunidades que reciben el dinero.

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana aporta 70.000 euros a ONU-Habitat para ejecutar el proyecto «Ciudades que se superan», que apoya la aplicación de los Planes de Acción de la Agenda Urbana Española en el municipio. ONU-Habitat recibe y administra los fondos y ejecuta las actividades del proyecto.

Modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar más estabilidad a los contratos de alquiler de vivienda habitual. Cambia la duración y las reglas de prórroga y extinción del contrato, y fija cómo se aplica a los contratos ya vigentes.

El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Aclara cómo se acredita ante notario y registrador el seguro decenal obligatorio en las obras nuevas. Permite que el certificado o póliza del seguro esté firmado con firma electrónica cualificada y fija qué requisitos debe cumplir para ser aceptado.

Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

Regula la concesión directa de subvenciones para 2026 a ayuntamientos que realicen actuaciones locales de vivienda en el área de influencia del Espacio Natural de Doñana. Estas ayudas se enmarcan en la línea 13.4 del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible de esa zona.

Modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Regula la duración del contrato y su renovación, y coordina estos cambios con la prórroga extraordinaria ya prevista. Incluye un régimen transitorio para los contratos que ya están vigentes.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

Regula la concesión directa de subvenciones de vivienda y suelo durante 2026, sin convocatoria pública. Se destinan a realojos en la Cañada Real, a promover vivienda protegida de alquiler asequible o social y a la rehabilitación de edificios.

Amplía al ejercicio 2026 una deducción en el IRPF para residentes en la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas con superávit y bajo endeudamiento financiar inversiones entre 2026 y 2028. También abre un nuevo plazo para suspender pagos de préstamos a afectados por el volcán y regula una prestación por cese de actividad para autónomos afectados.

Aprueba el Reglamento que fija las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Regula cómo deben ofrecerse la información y la comunicación para que las personas con dificultades cognitivas puedan entenderlas en ámbitos como administraciones, justicia, transportes, empleo o servicios públicos.

La ley regula la retirada y gestión del amianto en Cataluña. Crea instrumentos como el Censo catalán de materiales con amianto, el certificado de presencia o ausencia de amianto y un fondo económico. También fija derechos y obligaciones para administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía, y establece inspección y sanciones.

Establece medidas urgentes de protección laboral y social para las personas afectadas por los incendios forestales de 2026 en Madrid, Ávila y Toledo. Incluye la suspensión del contrato con una prestación extraordinaria, un permiso por fallecimiento y medidas de Seguridad Social, notariales y registrales.