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Prorroga hasta el 30 de junio de 2023 el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para la importación o entrega de bienes necesarios para combatir el COVID-19. También modifica otras normas tributarias de Canarias.

Prorroga la vigencia de varias medidas tributarias aprobadas tras la erupción volcánica de La Palma y modifica otro decreto-ley sobre medidas urbanísticas y económicas para construir o reconstruir viviendas habituales afectadas por la erupción.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica el Decreto-ley 1/2022, que regula medidas urgentes urbanísticas y económicas para construir o reconstruir viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica de La Palma. La norma cambia el texto anterior para ajustar esas medidas.

Modifica varias normas de Canarias. Cambia la ley del suelo para regular la legalización de explotaciones ganaderas y los planes de ordenación de recursos naturales, ajusta el reglamento de planeamiento y modifica la ley de la Agencia Tributaria Canaria y la del patrimonio autonómico.

Prorroga el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para paliar los efectos del COVID-19, permite que las universidades públicas canarias destinen su remanente de libre disposición a determinados gastos y adapta las medidas tributarias excepcionales de La Palma a la normativa anterior.

Modifica el Decreto-ley 1/2022, que establece medidas urgentes en materia urbanística y económica para construir o reconstruir viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica de La Palma. La norma cambia el contenido de ese decreto anterior.

Adapta las medidas tributarias excepcionales aprobadas para la isla de La Palma tras la erupción volcánica al Decreto-ley 1/2022, que regula la construcción y reconstrucción de viviendas habituales afectadas. Incluye medidas sobre transmisión de parcelas y ejecución de obras, y suprime la tasa del Carné Joven.

Establece medidas urgentes para autorizar la construcción o reconstrucción de viviendas habituales y la rehabilitación de inmuebles afectados por la erupción volcánica de La Palma. Regula el ámbito territorial y objetivo, las definiciones, la competencia, el procedimiento y la urbanización de las parcelas.

Establece el marco general para tramitar con carácter de emergencia las ayudas destinadas a paliar las necesidades causadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma. Crea un Registro de personas afectadas y regula la gestión, concesión, justificación y control de esas ayudas.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022: fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se modifican los créditos, el personal, la deuda y las normas tributarias propias.

Establece medidas fiscales y de gestión para paliar los efectos de la erupción volcánica en La Palma. Incluye aplazamientos de impuestos, tipos reducidos en tributos canarios y la creación de órganos de coordinación para la reconstrucción.

Establece medidas urgentes en Canarias sobre vivienda protegida: regímenes, precios máximos, superficie, duración de la protección y derechos de tanteo y retracto. También regula el visado de autorizaciones de transporte por carretera y exenciones de cánones en puertos autonómicos.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.