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Establece un nuevo Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual. Modifica normas sobre protección de deudores hipotecarios y adopta otras medidas para mejorar el mercado de préstamos hipotecarios.

Regula la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de Lepe y Moguer (Huelva) para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras en sus municipios. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías, el procedimiento de concesión, el pago, la justificación y el control.

Aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía y reducir el consumo de gas natural, en el marco del plan «+SE». Incluye cambios en el bono social térmico y eléctrico, flexibilización de contratos de suministro, impulso al autoconsumo y medidas fiscales. También fija un incremento retributivo adicional para el personal del sector público en 2022 y reduce las jornadas cotizadas para el subsidio agrario por la sequía.

La ley regula en La Rioja la prevención, detección y atención de la violencia de género. Establece medidas educativas, sanitarias, sociales, laborales, económicas y de vivienda, además de asistencia jurídica, atención policial y reparación para las víctimas.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Permite a las instalaciones de cogeneración renunciar al régimen retributivo específico para acogerse al mecanismo de ajuste de costes del gas. También reduce temporalmente el IVA del gas natural, briquetas y pellets, e impulsa la tramitación de renovables.

Regula la organización y el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación en las Illes Balears. Crea el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTIB), con órganos de gobernanza, un plan estratégico y un registro. También crea la fundación Institución para la Investigación de las Illes Balears (IRIB).

Reforma la Ley Concursal para adaptarla a una directiva europea. Regula los planes de reestructuración preventiva de empresas con dificultades, la exoneración de deudas de personas físicas y el régimen de inhabilitaciones. También ordena los procedimientos de insolvencia para hacerlos más eficientes.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir la circularidad en el sector: define principios y objetivos, crea una estrategia y un plan de circularidad para los alojamientos turísticos, y regula medidas ambientales y de eficiencia en el uso de recursos. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y ciertas actividades en Menorca.

Modifica la Ley 7/2013 sobre instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, con especial atención a las actividades no permanentes de ocio y entretenimiento. Además, establece el régimen de prestación del servicio de taxi en la isla de Ibiza y modifica otras normas autonómicas.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Publica un protocolo de actuación entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Lepe y Moguer para impulsar la eliminación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras. El protocolo es una declaración de intenciones sin obligaciones jurídicas exigibles.

Regula la caza y la gestión cinegética en La Rioja. Define las especies cinegéticas y las piezas de caza, clasifica los terrenos, establece la planificación cinegética y los requisitos para cazar. También fija infracciones y sanciones.

Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.

Modifica el régimen sancionador del Decreto ley 11/2020 para adaptarlo a las medidas de control de la COVID-19, como la exigencia del Certificado COVID Digital UE en ciertos establecimientos según el nivel de alerta sanitaria. También regula un régimen excepcional para obras en suelo urbano y modifica normas sobre mecenazgo cultural y carreteras.