Buscar en el BOE

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de dos personas a las que un juzgado de Eivissa no localizó para notificarles una reclamación de deudas comunitarias. El tribunal considera que se vulneró su derecho a la tutela judicial sin indefensión porque no se agotaron las averiguaciones sobre su domicilio real.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de dos personas ejecutadas hipotecariamente porque el juzgado inadmitió su oposición sin revisar posibles cláusulas abusivas. Se declara vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación y control judicial.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Región de Murcia contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula varios artículos y apartados del decreto relativos al procedimiento de registro único de arrendamientos y desestima el resto del recurso.

Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal en Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, simplificación agraria y medidas fiscales.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

Modifica la Ley de Urbanismo de Cataluña y otras normas para adaptar la ordenación del territorio, el urbanismo y la contratación pública a los municipios rurales. Desarrolla medidas de la Ley 8/2025 del Estatuto de municipios rurales para favorecer el arraigo, la repoblación y el equilibrio territorial.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley del paisaje de La Rioja, en lo que se aplican a actuaciones de competencia estatal. Anula en parte un precepto y declara que otros deben interpretarse conforme a la Constitución.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana durante 2026 en materia de Agenda Urbana, arquitectura y calidad de la edificación. Estas ayudas financian actuaciones concretas de entidades beneficiarias, como información y formación a consumidores en materia de vivienda.

España ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques. La Convención establece normas comunes para que una venta de buque ordenada por un juez tenga efectos de propiedad limpia en otros países firmantes.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de dos asociaciones de apartamentos turísticos contra el Real Decreto 1312/2024, que regula el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Anula varios artículos del real decreto y, en otros, solo las menciones al Registro Único y al número de registro.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de una sociedad que compró una vivienda objeto de ejecución hipotecaria y no pudo ser parte en ese proceso. Declara vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva por impedirle acceder al proceso pese a ser titular registral del inmueble.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo de una persona cuya vivienda fue ejecutada hipotecariamente en Fuengirola. La recurrente alegó que una cláusula del contrato era abusiva, pero lo hizo cuando el decreto de adjudicación de la finca ya era firme. La sentencia desestima el amparo, siguiendo la doctrina de la STC 23/2026.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto por sentencias anteriores y examina si los preceptos restantes respetan las competencias autonómicas en vivienda y urbanismo.

El Tribunal Constitucional anula los artículos 6.4 y 9.4 de la Ley catalana 24/2015, que obligaban a las empresas suministradoras a pedir un informe a los servicios sociales antes de cortar la electricidad o el gas y fijaban un plazo de 15 días para emitirlo.