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Modifica varios reales decretos sobre la aplicación de la Política Agrícola Común en España, en concreto en los sectores de frutas y hortalizas, vitivinicultura y apicultura, y en aspectos del ejercicio de la actividad agraria. Incluye cambios en el régimen de penalizaciones por declaraciones incorrectas de superficies en los pagos directos.

Establece un marco general en toda España para aportar nutrientes a los suelos agrarios de forma sostenible. Regula el registro de las operaciones en el cuaderno de explotación, el plan de abonado, los límites de metales pesados y las condiciones de uso de estiércoles, residuos y agua de riego.

Regula cómo se gestionan y controlan las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en España y establece un régimen de infracciones y sanciones por incumplimientos. También fija normas sancionadoras en sectores agrarios conexos, como el aceite de oliva, la leche, la cría animal y la nutrición de suelos.