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Modifica los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y los modelos 216 y 296 de retenciones. Añade un anexo de desglose de dividendos y nuevas casillas (clave de mercado, código LEI y código ISIN) para controlar las solicitudes de devolución de retenciones sobre dividendos y las rentas inmobiliarias.

Desarrolla la obligación de usar factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales. Regula el sistema español de factura electrónica, las plataformas privadas de intercambio, una solución pública y el cálculo de los plazos de pago. También modifica el reglamento de obligaciones de facturación.

Establece las condiciones de una línea de ayudas del Estado para cubrir los impagos del alquiler de vivienda habitual de personas jóvenes y colectivos vulnerables. Regula quién gestiona y concede la cobertura, cómo se financia, quién puede beneficiarse y sus características y límites.

Modifica normas catalanas de contratación pública para incorporar criterios de calidad, sociales y medioambientales en la compra de obras, suministros y servicios por las administraciones catalanas. Regula la contratación conjunta, la división en lotes, los pagos menores y la subcontratación.

Modifica varios reales decretos sobre la aplicación de la Política Agrícola Común en España, en concreto en los sectores de frutas y hortalizas, vitivinicultura y apicultura, y en aspectos del ejercicio de la actividad agraria. Incluye cambios en el régimen de penalizaciones por declaraciones incorrectas de superficies en los pagos directos.

La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Modifica varias leyes de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, juego, urbanismo, montes, salud y vivienda. Incluye medidas sobre licencias de caza y pesca, becas y acceso a personal estatutario.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios. Estas ayudas se dirigen a Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas y a entidades participadas mayoritariamente por ellas, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Amplía seis meses más la suspensión del pago de intereses y principal de préstamos y créditos concedidos a los afectados por las erupciones volcánicas de La Palma. La suspensión inicial era de seis meses desde la solicitud y ahora suma otros seis.

Regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. El bono es una ayuda al alquiler para jóvenes. El plan incluye varios programas de ayudas y actuaciones en vivienda.

Modifica tres reales decretos de 2014 que aplican en España la Política Agrícola Común. Cambia normas sobre pagos directos a la agricultura y la ganadería, derechos de pago básico y condicionalidad. El objetivo que indica es simplificar procedimientos y clarificar conceptos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2021, que traspone varias directivas de la Unión Europea. Las materias son bonos garantizados, fondos de inversión transfronterizos, datos abiertos del sector público, derechos de autor en línea, exenciones temporales a importaciones y suministros, derechos de las personas consumidoras y promoción de vehículos de transporte por carretera limpios.

Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley Foral 21/2019 de Navarra, que modificó su Derecho civil foral. La sentencia anula las referencias al principio de paridad de ordenamientos e interpreta otros preceptos conforme a la Constitución.

Modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para crear nuevas infracciones y sanciones en el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y para luchar contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera. También cambia otras normas sobre gestión del transporte y las infraestructuras.

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.