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Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

La ley regula cómo se valoran y fomentan los beneficios sociales y económicos de los proyectos que usan recursos naturales en Galicia, como las energías renovables y la minería. Integra esa valoración en la evaluación de impacto ambiental y crea instrumentos de participación y financiación.

La ley regula la entrada y circulación de vehículos en la isla de Eivissa para reducir la congestión en los meses de más afluencia turística. Establece limitaciones generales, un techo insular de vehículos, obligaciones para las empresas de alquiler y un régimen de inspección y sanciones.

La ley regula la movilidad sostenible en Euskadi. Establece principios, objetivos y herramientas de planificación para reducir el impacto ambiental del transporte y fomentar el transporte público, la movilidad activa y el ferrocarril para mercancías.

Modifica varias normas de Canarias sobre suelo y espacios naturales protegidos, el reglamento de planeamiento urbanístico, la Agencia Tributaria Canaria y el patrimonio de la comunidad autónoma. Incluye la legalización territorial y ambiental de edificaciones y explotaciones ganaderas que están en explotación sin títulos administrativos.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley regula la calidad ambiental en el Principado de Asturias. Establece el acceso a la información y la participación pública, crea instrumentos para mejorar la calidad ambiental y fija autorizaciones ambientales para actividades con incidencia en el medio ambiente. También regula la vigilancia, el control y la disciplina ambiental.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Regula la pesca marina en España: quién puede pescar y con qué licencia, cómo se conservan y gestionan los recursos pesqueros, las zonas de protección y las reservas marinas, la pesca recreativa y la investigación pesquera. Incluye también un régimen de sanciones.

La ley regula la gestión del agua de uso urbano en Extremadura: quién tiene competencias (Junta, municipios y entes supramunicipales), cómo se planifica y se da información al público, cómo se financian los servicios y qué infracciones y sanciones existen.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Regula la gestión del ciclo integral del agua en Galicia: abastecimiento, saneamiento y depuración. Ordena las aglomeraciones urbanas, la prestación de los servicios y la actuación de Augas de Galicia. Crea cánones para financiar la gestión de depuradoras, redes de colectores y abastecimientos.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

La ley reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y a su cuenca, de modo que el ecosistema pasa a ser sujeto de derechos propios. Crea una carta de derechos para la laguna y establece órganos de representación y tutela que velan por ellos.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir la circularidad en el sector: define principios y objetivos, crea una estrategia y un plan de circularidad para los alojamientos turísticos, y regula medidas ambientales y de eficiencia en el uso de recursos. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y ciertas actividades en Menorca.

Modifica el régimen sancionador del Decreto ley 11/2020 para adaptarlo a las medidas de control de la COVID-19, como la exigencia del Certificado COVID Digital UE en ciertos establecimientos según el nivel de alerta sanitaria. También regula un régimen excepcional para obras en suelo urbano y modifica normas sobre mecenazgo cultural y carreteras.