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Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Modifica la Ley 6/2022 de cambio climático y transición energética de Canarias para ajustar varios artículos tras un acuerdo con el Estado y adaptarla a la ley estatal 7/2021. Regula instrumentos de planificación climática, proyectos de acción climática y medidas en sectores como turismo, agricultura, energía y educación.

Modifica el Decreto-ley 1/2020 contra el turismo de excesos en las Illes Balears. Cambia su nombre por el de turismo responsable, ajusta las zonas afectadas en Calvià y Llucmajor y modifica obligaciones de información a los clientes y prohibiciones sobre fiestas multitudinarias con alcohol.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir principios y objetivos de circularidad en el sector. Crea la estrategia y el plan de circularidad para los alojamientos turísticos y regula su implantación. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y limita actividades turísticas en Menorca.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Mantiene para 2021 y de forma indefinida la tarifa del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos que se aplicaba en 2020. También modifica el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente y crea una exención en la tasa de la pesca fresca.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Establece deducciones temporales en tasas y tarifas portuarias y una moratoria en su cobro para paliar los efectos del estado de alarma en los puertos de la Generalitat. También modifica la Ley del taxi y la Ley de seguridad ferroviaria de la Comunitat Valenciana.

Establece medidas para reactivar la actividad económica y social en Extremadura durante la transición hacia la «nueva normalidad» tras el confinamiento por la COVID-19. Incluye facilidades para proyectos empresariales, apertura de comercios, transporte, atención ciudadana y contratación pública.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Establece medidas urgentes en Cataluña durante la crisis del COVID-19: suspende la ejecución de ciertos contratos públicos, permite mesas de contratación sin presencia física y la tramitación de emergencia, regula la gestión de residuos sanitarios de riesgo y suspende plazos de presentación e ingreso de tributos.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para reducir el impacto económico del COVID-19. Amplía plazos para presentar declaraciones de impuestos y la cuenta general de 2019, y aplica una exención temporal de tasas portuarias a determinadas navieras.

Establece medidas urgentes en la Administración de Extremadura para responder al COVID-19. Agiliza la gestión del gasto, las subvenciones, los convenios y la contratación, y regula el pago del alquiler en viviendas protegidas y el transporte escolar.