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Modifica el Reglamento de la Planificación Hidrológica para actualizar el contenido y la tramitación de los planes hidrológicos de cuenca y de los planes especiales de sequía. Regula cómo se publican y notifican esos planes y cómo se elaboran, aprueban, siguen y actualizan los planes de sequía y los de emergencia para abastecimiento.

Aprueba las nuevas tarifas para el uso del acueducto Tajo-Segura, con precios por metro cúbico según el tipo de agua y su destino (riegos o abastecimientos). Las tarifas se aplican desde el día siguiente a su publicación en el BOE.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar el funcionamiento de plantas potabilizadoras de agua en su territorio. La ayuda se destina a abaratar el precio final del agua potable obtenida por desalación de agua de mar.

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para reducir el coste del agua de riego agrícola obtenida por desalación y por extracción de pozos y galerías. La subvención se financia con cargo a los presupuestos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Cambia el periodo de tiempo de las actuaciones subvencionables en las plantas potabilizadoras de agua de Canarias. Antes se financiaban actuaciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020; ahora se financian las realizadas entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.

Modifica varias leyes de La Rioja para 2020. Incluye cambios en impuestos propios y cedidos (IRPF, patrimonio, sucesiones, transmisiones y juego) y medidas administrativas en turismo, agua, juego, hacienda, contratación, patrimonio, innovación, servicios sociales, carreteras, viñedo, educación, animales y desarrollo económico. También reactiva el Defensor del Pueblo Riojano.