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España ratifica el Acuerdo de la ONU sobre conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en aguas fuera de la jurisdicción nacional (alta mar). El Acuerdo regula los recursos genéticos marinos, los mecanismos de gestión por áreas (incluidas áreas marinas protegidas), las evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidad y transferencia de tecnología.

Declara diez Zonas Especiales de Conservación y aprueba sus medidas de conservación, junto con las de siete Zonas de Especial Protección para las Aves. También propone cambiar los límites geográficos de doce espacios protegidos de la Red Natura 2000 en la Región Marina Mediterránea.

Regula cómo se crean y funcionan los tres órganos que representan y gobiernan la laguna del Mar Menor y su cuenca: el Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico, dentro de la Tutoría del Mar Menor. Desarrolla la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica a la laguna.

Establece límites a la navegación marítima en el Mar Menor para proteger y recuperar su ecosistema. Regula las emisiones de buques y embarcaciones, prohíbe descargas al mar, limita la velocidad de navegación y restringe el fondeo.

Modifica varias normas de Canarias sobre suelo y espacios naturales protegidos, el reglamento de planeamiento urbanístico, la Agencia Tributaria Canaria y el patrimonio de la comunidad autónoma. Incluye la legalización territorial y ambiental de edificaciones y explotaciones ganaderas que están en explotación sin títulos administrativos.

Regula la pesca marina en España: quién puede pescar y con qué licencia, cómo se conservan y gestionan los recursos pesqueros, las zonas de protección y las reservas marinas, la pesca recreativa y la investigación pesquera. Incluye también un régimen de sanciones.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

La ley reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y a su cuenca, de modo que el ecosistema pasa a ser sujeto de derechos propios. Crea una carta de derechos para la laguna y establece órganos de representación y tutela que velan por ellos.

Modifica el Reglamento General de Costas para incorporar la adaptación al cambio climático en la gestión del litoral. Cambia varios artículos para tener en cuenta la subida del nivel del mar y el aumento de eventos extremos en las playas y la costa.

La ley establece medidas para agilizar trámites en Canarias en costas, energía eléctrica, turismo y actividades clasificadas. Incluye una declaración responsable para obras en construcciones anteriores a la Ley de Costas, reduce plazos de autorización eléctrica y simplifica la renovación turística.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2022 en La Rioja. Modifica impuestos cedidos y tasas propias, y cambia normas sobre educación, carreteras, policía local, viñedo, función pública, urbanismo, servicios sociales y movilidad sostenible.

Modifica varias leyes del Principado de Asturias para simplificar trámites administrativos en evaluación ambiental, ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio cultural, carreteras y transportes. También regula la gestión presupuestaria de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del React-EU.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños de la erupción volcánica de La Palma y reconstruir la isla. Incluye apoyos para vivienda, empleo, Seguridad Social, consumo, impuestos, suministros, infraestructuras, agricultura y pesca.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.