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Regula cómo se crean y funcionan los tres órganos que representan y gobiernan la laguna del Mar Menor y su cuenca: el Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico, dentro de la Tutoría del Mar Menor. Desarrolla la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica a la laguna.

Establece límites a la navegación marítima en el Mar Menor para proteger y recuperar su ecosistema. Regula las emisiones de buques y embarcaciones, prohíbe descargas al mar, limita la velocidad de navegación y restringe el fondeo.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2024. Fija los créditos iniciales y su financiación, las normas de modificación de créditos, los gastos de personal, la gestión presupuestaria, las operaciones financieras y las normas tributarias.

La ley reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y a su cuenca, de modo que el ecosistema pasa a ser sujeto de derechos propios. Crea una carta de derechos para la laguna y establece órganos de representación y tutela que velan por ellos.

Modifica normas de la Región de Murcia para simplificar trámites administrativos en medio ambiente, medio natural e investigación agrícola y medioambiental. Incluye cambios en la Ley de Protección Ambiental Integrada y en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario.

Regula la concesión directa de subvenciones para financiar planes piloto que reduzcan el riesgo de inundación en edificaciones, equipamientos e instalaciones existentes en cinco municipios de Murcia. Las ayudas se destinan a actuaciones de adaptación frente a inundaciones en esas zonas.

Modifica varias leyes de la Región de Murcia en materia de puertos, taxi, vivienda y urbanismo para hacer frente al impacto social y económico del COVID-19. Incluye ayudas para reparar viviendas dañadas por movimientos sísmicos y regula exenciones y bonificaciones.

La ley regula la recuperación y protección del Mar Menor, en la Región de Murcia. Crea órganos de coordinación y asesoramiento, y fija normas sobre urbanismo, vertidos, agricultura, ganadería, pesca, puertos, turismo y minería en su entorno. Incluye un régimen sancionador.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.