Buscar en el BOE

Modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva y las condiciones para exigirla y aplicarla. Crea un Centro Español de Accesibilidad Cognitiva y prevé un reglamento de condiciones básicas y un Plan Nacional de Accesibilidad.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas que financien el «Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas». Este programa contrata a personas jóvenes desempleadas para que trabajen en servicios de las administraciones públicas, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas a entidades del sector público estatal para financiar el Programa TándEM, que combina formación y práctica profesional. Regula las etapas formativas, la selección de alumnos y personal, y el procedimiento de concesión, seguimiento y justificación de las ayudas.

Establece medidas para reactivar la actividad económica y social en Extremadura durante la transición hacia la «nueva normalidad» tras el confinamiento por la COVID-19. Incluye facilidades para proyectos empresariales, apertura de comercios, transporte, atención ciudadana y contratación pública.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Aprueba un tercer paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Incluye ayudas para trabajadores autónomos, medidas de gestión para las administraciones públicas, apoyo a la investigación científica y coordinación de los servicios de prevención.

Aprueba medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del coronavirus. Regula la prestación de servicios del personal de la Administración foral, la contratación de cuidadores en servicios sociales, la gestión presupuestaria y de subvenciones, y crea fondos económicos para hacer frente a gastos ligados al COVID-19.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, que adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.

Modifica varias normas de personal de las Administraciones Públicas de Navarra para que el personal contratado en régimen administrativo cobre la retribución correspondiente al grado, con efectos retroactivos de cuatro años desde el 1 de enero de 2019. También cambia normas sobre formación-promoción, ingreso, vacaciones y permisos, y extiende al verano la contratación de personal docente no universitario.