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El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Regula la concesión directa de subvenciones de vivienda y suelo durante 2026, sin convocatoria pública. Se destinan a realojos en la Cañada Real, a promover vivienda protegida de alquiler asequible o social y a la rehabilitación de edificios.

Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fija las ayudas y líneas de financiación del Estado en materia de vivienda. Incluye subvenciones para aumentar la vivienda social y asequible, para rehabilitar edificios y mejorar la accesibilidad, y para reducir el esfuerzo económico de pagar la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes.

Establece las condiciones de una línea de ayudas del Estado para cubrir los impagos del alquiler de vivienda habitual de personas jóvenes y colectivos vulnerables. Regula quién gestiona y concede la cobertura, cómo se financia, quién puede beneficiarse y sus características y límites.

Regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos para financiar actuaciones de vivienda en municipios del área de influencia de Doñana. Las ayudas se dirigen a mejorar el alojamiento de las personas temporeras agrícolas, dentro de la línea 13.4 del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible de esa zona.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Reorganiza la Administración General del Estado en 22 ministerios y fija las competencias y la estructura interna de cada uno. También adscribe organismos públicos a los nuevos departamentos y suprime los órganos que desaparecen.