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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Concede un suplemento de crédito para cubrir necesidades adicionales de financiación de servicios públicos esenciales, ante la prórroga del presupuesto de 2024. También autoriza operaciones de endeudamiento y la concesión directa de determinadas subvenciones de interés público.

El Pleno del Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios artículos de la Ley 5/2025 de la Comunitat Valenciana, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión afecta a preceptos que modifican la ley de identidad de género y a un artículo sobre función pública sanitaria.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica normas catalanas en materia fiscal, presupuestaria, de vivienda, urbanismo, personal y otras áreas. Incluye cambios en el canon del agua, el impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos y en leyes de vivienda y urbanismo. Se aprueba en situación de prórroga presupuestaria para 2026.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley 5/2025 de la Generalitat Valenciana, que modifican normas sobre identidad de género y función pública. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia de esos preceptos queda suspendida.

Regula las finanzas de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2026 y se mantiene prorrogado el presupuesto de 2023. Fija los aumentos de sueldo de 2025 y 2026 del personal público, actualiza las pensiones y el indicador de renta de suficiencia de Cataluña.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Establece medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de la Administración de Canarias y mejorar la gestión de los recursos humanos. Regula el acceso al empleo fijo, las listas de empleo temporal y la promoción interna temporal. Incluye también medidas de protección de la infancia en juegos de azar y apuestas.

Establece criterios generales para adaptar medios y tiempos y aplicar otros ajustes razonables en los procesos selectivos de acceso al empleo público para personas con discapacidad. Regula quiénes se benefician, cómo se piden las adaptaciones y cómo se conceden.

La ley establece medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomentar la corresponsabilidad en las Illes Balears. Regula actuaciones en el sector público, el sector privado y entre los trabajadores autónomos, e incluye planificación, seguimiento y medidas fiscales.

Modifica varios impuestos de Cataluña (emisiones de CO2 de vehículos, canon del agua, IRPF, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y depósito de residuos) y regula el aumento de retribuciones y pensiones del personal público. También incluye medidas administrativas sobre el Instituto Catalán de Finanzas y el suministro de energía a instituciones.

Modifica doce leyes y una norma reglamentaria de la Comunidad de Madrid para reorganizar la administración local y autonómica. Cambia el reparto de competencias en transporte urbano, el régimen de las mancomunidades de municipios y varios procedimientos administrativos.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025: fija los estados de gastos e ingresos, las reglas para modificar créditos, las retribuciones del personal público y las operaciones de endeudamiento y avales.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2025 en La Rioja. En impuestos, prorroga una deducción del IRPF por intereses de préstamos hipotecarios y bonifica al 100 % el impuesto sobre el patrimonio. También modifica tasas y varias leyes autonómicas.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2025, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Regula también los gastos de personal, las operaciones financieras y las entidades locales.