Buscar en el BOE

El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que fija las ayudas y líneas de financiación del Estado en materia de vivienda. Incluye subvenciones para aumentar la vivienda social y asequible, para rehabilitar edificios y mejorar la accesibilidad, y para reducir el esfuerzo económico de pagar la vivienda y facilitar la emancipación de los jóvenes.

Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos que permiten usar suelos dotacionales para vivienda pública, imponen publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y fijan requisitos para las demandas de desahucio de grandes tenedores.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica la Ley Foral del derecho a la vivienda en Navarra para corregir aspectos técnicos del sistema de adjudicación de viviendas protegidas. También precisa la definición de vivienda deshabitada, introduce el alquiler forzoso para viviendas vacías más de un año y regula la vivienda colaborativa.

Establece las condiciones de una línea de ayudas del Estado para cubrir los impagos del alquiler de vivienda habitual de personas jóvenes y colectivos vulnerables. Regula quién gestiona y concede la cobertura, cómo se financia, quién puede beneficiarse y sus características y límites.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara la nulidad parcial de los preceptos que regulan la inadmisión de demandas para recuperar la posesión de una finca cuando el demandante sea gran tenedor, y extiende esa nulidad al precepto sobre documentos que deben acompañar a las demandas ejecutivas.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

El Tribunal Constitucional declara extinguido el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la Ley catalana 1/2022, que modificaba la Ley 24/2015 sobre vivienda. El recurso había sido interpuesto por el presidente del Gobierno contra una norma autonómica que ya había sido anulada por la sentencia 120/2024.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificaba normas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Anula varios preceptos autonómicos por invadir competencias estatales sobre condiciones básicas de igualdad, legislación procesal y obligaciones contractuales.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía contra varios artículos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. La sentencia analiza si esos preceptos invaden competencias autonómicas en vivienda, urbanismo, ordenación del territorio, régimen local y servicios sociales, y si respetan las condiciones básicas de igualdad y la seguridad jurídica.

Modifica las normas de la Comunidad de Madrid sobre tributos cedidos por el Estado para ajustar la escala autonómica del IRPF, el mínimo personal y familiar, las deducciones autonómicas y los límites de renta. El ajuste se hace con un tipo del 3,1 por 100.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco contra varios artículos y disposiciones de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Aprueba medidas urgentes en Extremadura para bajar impuestos autonómicos, ampliar ayudas al acogimiento familiar, aumentar ayudas a nuevos autónomos y dar ayudas directas a productores de cerezas. También incrementa la partida para seguros agrarios y deroga el impuesto sobre viviendas vacías de grandes tenedores.