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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Crea el sello electrónico de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, del Ministerio de Juventud e Infancia. El sello sirve para identificar y autenticar la actuación administrativa automatizada de ese órgano. La resolución fija sus características técnicas y su uso.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Crea la sede electrónica del Instituto de la Juventud (INJUVE), con la dirección https://injuve.sede.gob.es. A través de ella se harán los trámites y servicios del organismo que requieran identificación electrónica de la ciudadanía o de la Administración.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo. Cambia el reparto del excedente de la convocatoria, la justificación de los gastos, los criterios de cuantía, la publicidad, el baremo de puntos y los gastos de personal y costes indirectos imputables.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

Modifica el modelo 190, que es el resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF. Desglosa las prestaciones por desempleo en contributivas y no contributivas y permite indicar reducciones en más tipos de prestaciones. Estos cambios se aplican desde la presentación del modelo de 2025, que empieza el 1 de enero de 2026.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y crea el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información. Fija los principios, la estructura organizativa y las responsabilidades para proteger los sistemas de información y los datos personales del departamento.

Regula cómo se tramitan por vía electrónica las prestaciones por desempleo del régimen especial creado por el Real Decreto-ley 7/2024 para los afectados por la DANA. Las empresas presentan solicitudes colectivas por centro de trabajo mediante la aplicación Certific@2.

Crea la sede electrónica asociada del Ministerio de Juventud e Infancia, vinculada al Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado. Regula su ámbito, dirección, titularidad y canales de acceso para que la ciudadanía pueda relacionarse por medios electrónicos con el departamento.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Crea la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Juventud e Infancia y regula su composición y funciones. Este órgano coordina internamente la estrategia de tecnologías de la información y administración digital del ministerio.

La Orden crea y regula el Portal de Internet del Ministerio de Juventud e Infancia, con el dominio https://www.juventudeinfancia.gob.es. El portal ofrecerá información sobre procedimientos y servicios del Ministerio y facilitará la relación electrónica de la ciudadanía con este departamento.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.