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Aprueba las bases reguladoras para conceder subvenciones a proyectos audiovisuales que difundan el respeto y la protección de los derechos de los animales y su bienestar. Las ayudas se otorgan en concurrencia competitiva, según la Ley General de Subvenciones.

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Establece nuevas cualificaciones profesionales de seis familias (Imagen y Sonido, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales y a la Comunidad) y las incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También modifica parcialmente cualificaciones ya existentes de dos de esas familias.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Modifica el reglamento de la Ley del Cine para que las personas físicas del sector se relacionen con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales solo por medios electrónicos. También obliga a todas las salas de cine a controlar la asistencia y declarar rendimientos mediante el procedimiento ordinario de los «Buzones».

Regula las comunicaciones comerciales de las actividades de juego: publicidad, patrocinio y promoción. Fija principios como la identificación del anunciante, la veracidad, la responsabilidad social y la protección de menores. También establece reglas según el canal de difusión y medidas de juego seguro.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 26/2020, que recoge medidas de reactivación económica frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.