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Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2021, que recoge medidas urgentes sanitarias, sociales y judiciales para aplicar tras el fin del estado de alarma por la COVID-19. Ordena publicar el acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acuerda actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 para la festividad de San José y la Semana Santa de 2021. La resolución ordena publicar ese acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que establece medidas urgentes de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Establece la vigilancia epidemiológica obligatoria de la COVID-19 durante la transición hacia la nueva normalidad. Fija cómo se detectan los casos, cómo se obtienen y comunican los datos y cómo deben informar los laboratorios.

Establece que las comunidades autónomas pueden disponer de los centros privados de diagnóstico clínico que no trabajen para el Sistema Nacional de Salud, incluido su personal. Las pruebas de COVID-19 requieren prescripción de un facultativo y los casos confirmados deben notificarse a la autoridad sanitaria.