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Establece el régimen jurídico para el uso civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS o drones) en España y modifica varias normas reglamentarias sobre control de importación, demostraciones aéreas, lucha contra incendios, búsqueda y salvamento, aeronavegabilidad, licencias, matriculación de aeronaves, compatibilidad electromagnética, reglamento del aire y notificación de sucesos.

Aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que fija las directrices para identificar riesgos de emergencias y catástrofes, el contenido mínimo de los planes de protección civil y las bases para coordinar a los servicios de intervención. También establece el catálogo de riesgos que deben planificarse.

Regula las servidumbres aeronáuticas de protección de la navegación aérea: las limitaciones de alturas, construcciones y actividades en el entorno de aeródromos e instalaciones radioeléctricas. Establece cómo se aprueban, aplican y vigilan estas servidumbres y modifica el Real Decreto 2591/1998 sobre ordenación de aeropuertos de interés general.

Completa en España el régimen de notificación de sucesos de la aviación civil previsto en la normativa europea. Establece el sistema de notificación, la vigilancia de la cultura justa y la notificación en lucha contra incendios y búsqueda y salvamento. También modifica normas sobre drones y circulación aérea.

Aprueba la Directriz básica que fija los criterios mínimos de organización y funcionamiento de los planes especiales de protección civil ante emergencias por accidentes de aviación civil. Estos planes los elaboran las administraciones públicas para coordinar las actuaciones de todos los órganos participantes.

Desarrolla la estructura organizativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta el nivel de subdirección general. Define los órganos del ministerio y sus competencias en infraestructuras, transportes, vivienda, suelo y agenda urbana.