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La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica normas catalanas en materia fiscal, presupuestaria, de vivienda, urbanismo, personal y otras áreas. Incluye cambios en el canon del agua, el impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos y en leyes de vivienda y urbanismo. Se aprueba en situación de prórroga presupuestaria para 2026.

Aprueba la oferta de empleo público del Estado para 2026, que fija cuántas plazas de nuevo ingreso se convocan y en qué ámbitos. Refuerza áreas como emergencias climáticas, protección civil, seguridad ferroviaria, infraestructuras de transporte y tecnologías de la información. Incluye además una oferta extraordinaria de 346 plazas por los daños de fenómenos meteorológicos adversos.

La ley aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026. Fija los gastos e ingresos de la administración autonómica y de sus entes públicos, y regula cómo se pueden modificar los créditos, las retribuciones del personal y las operaciones de deuda.

Reconoce la condición de agente de la autoridad al personal funcionario y directivo que trabaja en régimen interior y rehabilitación en centros penitenciarios de Cataluña. Regula esta atribución y la obligación de la Administración de indemnizar lesiones y daños materiales sufridos en el ejercicio de sus funciones.

Crea en Andalucía cuatro cuerpos de Agentes Medioambientales (Superior, Ejecutivo, Técnico y Operativo) y regula sus funciones, facultades, acceso, formación, medios y organización. También los integra en el sistema de emergencias 112 y fija su régimen disciplinario.

Modifica la Ley 5/1994 de prevención y extinción de incendios de Cataluña para incorporar al Cuerpo de Bomberos de la Generalitat personal de apoyo operativo. Crea la escala de apoyo con cuatro categorías: gestores de sala de coordinación, especialistas de operaciones de vuelo, auxiliares de prevención activa forestal y técnicos de gestión logística.

Establece medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público de la Administración de Canarias y mejorar la gestión de los recursos humanos. Regula el acceso al empleo fijo, las listas de empleo temporal y la promoción interna temporal. Incluye también medidas de protección de la infancia en juegos de azar y apuestas.

Modifica varios impuestos de Cataluña (emisiones de CO2 de vehículos, canon del agua, IRPF, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y depósito de residuos) y regula el aumento de retribuciones y pensiones del personal público. También incluye medidas administrativas sobre el Instituto Catalán de Finanzas y el suministro de energía a instituciones.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria quinta de la Ley 6/2019 de Murcia, que permitía integrar en el grupo B a cabos de la policía local solo por tener una titulación. La sentencia declara nula esa previsión por invadir competencias estatales sobre función pública.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2025 en La Rioja. En impuestos, prorroga una deducción del IRPF por intereses de préstamos hipotecarios y bonifica al 100 % el impuesto sobre el patrimonio. También modifica tasas y varias leyes autonómicas.

La ley reúne medidas para simplificar y agilizar los trámites y procedimientos de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias normas y regula la simplificación en sectores como agricultura, agua, educación, energía, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece la ley básica estatal que regula a los agentes forestales y medioambientales: su naturaleza jurídica, funciones, facultades, uniformidad, formación, acceso al empleo público e igualdad de género. También fija reglas sobre colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y asistencia en emergencias.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece cómo se aplica, evalúa y sigue el Código de Conducta del personal de la Guardia Civil. Incluye su presencia en los procesos de selección y en la enseñanza, y crea un Comité de Gestión de Conducta Ética y un Observatorio de Conducta Ética.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición transitoria quinta de la Ley 6/2019 de coordinación de las policías locales de Murcia. Se cuestiona si esa disposición invade una competencia reservada al Estado.