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El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Regula la concesión directa de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal para que los ayuntamientos de municipios afectados por la DANA contraten a personas desempleadas en obras y servicios de recuperación y reconstrucción. Forma parte de un plan de empleo aprobado tras la DANA de octubre y noviembre de 2024.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Regula cómo se tramitan por vía electrónica las prestaciones por desempleo del régimen especial creado por el Real Decreto-ley 7/2024 para los afectados por la DANA. Las empresas presentan solicitudes colectivas por centro de trabajo mediante la aplicación Certific@2.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2024, que prorroga medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y adopta medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

El Real Decreto-ley 4/2024 prorroga medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Incluye medidas fiscales, energéticas, de transporte y sociales, como descuentos en el bono social eléctrico y apoyo al transporte público.

Establece las normas para aplicar las medidas laborales y de desempleo en zonas declaradas gravemente afectadas por emergencias de protección civil, como incendios forestales e inundaciones. Regula la suspensión de contratos, la reducción de jornada y el acceso a prestaciones por desempleo en esos casos.

Establece cómo se aplican las medidas laborales y de desempleo para las zonas declaradas gravemente afectadas por la borrasca Filomena. Regula la suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor y el acceso a prestaciones por desempleo en esos casos.

Modifica el Decreto-ley 4/2020 de Canarias, que recoge medidas económicas, fiscales y administrativas para afrontar la crisis del COVID-19. El cambio afecta al artículo 3, sobre ayudas para el sostenimiento del empleo y apoyo social, en particular a autónomos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 38/2020, que adopta medidas para adaptarse a que el Reino Unido sea un Estado tercero tras el fin del período transitorio del Acuerdo de retirada de la Unión Europea. Ordena publicar el acuerdo para conocimiento general.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas laborales y sociales para proteger el empleo durante la crisis del COVID-19. Regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas del artículo 22, la protección por desempleo de las personas afectadas y las cotizaciones a la Seguridad Social. También fija límites al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal de las empresas que usan estas medidas.