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Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Regula el modelo de atención en los centros residenciales y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León. Establece los derechos y deberes de las personas usuarias, la organización y características de los centros, los profesionales y las ratios, la autorización e inscripción, la calidad y el régimen sancionador.

Modifica dos reales decretos que regulan subvenciones directas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas subvenciones financian proyectos de accesibilidad universal a la vivienda para personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, y proyectos de innovación, investigación y divulgación sobre accesibilidad, incluidos un centro de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre autismo.

La ley regula en La Rioja la prevención, detección y atención de la violencia de género. Establece medidas educativas, sanitarias, sociales, laborales, económicas y de vivienda, además de asistencia jurídica, atención policial y reparación para las víctimas.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

El Tribunal Constitucional anula varios apartados del Decreto-ley catalán 37/2020, que exigía acreditar una oferta de alquiler social antes de iniciar acciones judiciales de desahucio o ejecución hipotecaria. El tribunal considera que esa exigencia regula materia procesal, competencia exclusiva del Estado.

Establece un régimen especial para conceder subvenciones y ayudas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y reglas de gestión propias. También modifica varias normas de vivienda, como la Ley 5/2018, para agilizar trámites y regular el derecho de retracto en transmisiones entre grandes tenedores.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra el Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 37/2020, de 3 de noviembre, sobre protección del derecho a la vivienda ante la pandemia de COVID-19.

Establece reglas especiales para conceder y tramitar ayudas públicas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y convocatorias propias. También modifica la Ley 5/2018 de vivienda y otras normas sobre viviendas desocupadas y fianzas de alquiler.

La ley establece medidas tributarias, financieras y administrativas para aplicar los presupuestos de Castilla y León de 2021. Modifica normas sobre tributos propios y cedidos, tasas, hacienda pública y organización administrativa, y regula la gestión de fondos europeos Next Generation EU.

Modifica la Ley 24/2015 de Cataluña para reforzar la protección de las personas en riesgo de exclusión residencial. Mientras dure la pandemia, impide el desalojo si el gran tenedor no ha ofrecido antes un alquiler social.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.

Modifica varias leyes de la Región de Murcia en materia de puertos, taxi, vivienda y urbanismo para hacer frente al impacto social y económico del COVID-19. Incluye ayudas para reparar viviendas dañadas por movimientos sísmicos y regula exenciones y bonificaciones.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 26/2020, que recoge medidas de reactivación económica frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Aprueba un quinto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del coronavirus. Incluye medidas sobre vivienda (vigencia de cédulas de habitabilidad, derecho subjetivo a la vivienda y subvenciones a inquilinos de vivienda protegida) y sobre contratación pública.

Establece medidas urgentes en la Administración de Extremadura para responder al COVID-19. Agiliza la gestión del gasto, las subvenciones, los convenios y la contratación, y regula el pago del alquiler en viviendas protegidas y el transporte escolar.

Aprueba un segundo paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del COVID-19. Regula la contratación pública, las subvenciones sociales, la vivienda protegida y aspectos fiscales, y permite disponer de centros sanitarios privados y de mutuas.