Buscar en el BOE

La ley regula la retirada y gestión del amianto en Cataluña. Crea instrumentos como el Censo catalán de materiales con amianto, el certificado de presencia o ausencia de amianto y un fondo económico. También fija derechos y obligaciones para administraciones, empresas, profesionales y ciudadanía, y establece inspección y sanciones.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2026, que incluyen los gastos e ingresos del Parlamento, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. También regula las modificaciones de créditos, los gastos de personal y las operaciones financieras.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

La ley modifica normas de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre hacienda pública, presupuestos, tributos y administración. Incluye cambios en la gestión de la tesorería, en los presupuestos de 2025 y en materias como vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, policías locales y fondos europeos.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid sobre ordenación del territorio, suelo y urbanismo, medio ambiente, energía, agua, bienestar animal y calidad alimentaria. Crea los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales y ajusta trámites y competencias en estas materias.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

La ley regula la accesibilidad universal en la Comunitat Valenciana. Establece medidas contra la discriminación, competencias de las administraciones y requisitos de accesibilidad en comunicaciones, espacios públicos, transporte, empleo, justicia y emergencias. También crea planes de accesibilidad y un régimen sancionador.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas de residuos y agua, y en normas sobre finanzas, subvenciones, urbanismo, carreteras, vivienda protegida, turismo, discapacidad y sanidad.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.