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Regula cómo se pide y se decide incluir nuevas enfermedades o patologías en la lista que permite adelantar la jubilación a personas con un 45 % o más de discapacidad. Solo las asociaciones y organizaciones de afectados pueden pedir esa inclusión, y una comisión técnica estudia y valora cada solicitud.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Modifica el Real Decreto 1851/2009, que regula la jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad igual o superior al 45 %. Reduce a cinco años el tiempo de cotización exigido y actualiza la referencia legal y el procedimiento para incluir nuevas patologías.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, sobre medidas urgentes para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. La convalidación mantiene vigente la norma aprobada por el Gobierno.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para ampliar derechos de los pensionistas, reducir la brecha de género y fijar un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Incluye un Mecanismo de Equidad Intergeneracional y cambia la regulación de la jubilación parcial.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2022, que recoge medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y para otras situaciones de vulnerabilidad. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2021, que adopta medidas para reducir la brecha de género en el ámbito de la Seguridad Social y en materia económica. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, que adopta medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional decimotercera de la Ley catalana 5/2012, que fija la edad de jubilación del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud. La sentencia declara nula en parte esa disposición por invadir competencias del Estado en materia laboral.