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Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2022, que adopta medidas urgentes para proteger a los trabajadores autónomos, avanzar hacia mecanismos estructurales de defensa del empleo y recuperar económica y socialmente la isla de La Palma, y prorroga medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Convoca por segunda vez ayudas directas para autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España, y amplía quiénes pueden solicitarlas. También modifica las bases de las ayudas a la contratación para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Prolonga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones y exenciones de cotización para trabajadores autónomos afectados por la crisis sanitaria.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Regula el mantenimiento del empleo en centros sanitarios y sociales, medidas extraordinarias de protección del empleo y el cómputo de contratos temporales. También fija reglas sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo.

Modifica el Decreto-ley 4/2020 de Canarias, que recoge medidas económicas, fiscales y administrativas para afrontar la crisis del COVID-19. El cambio afecta al artículo 3, sobre ayudas para el sostenimiento del empleo y apoyo social, en particular a autónomos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 38/2020, que adopta medidas para adaptarse a que el Reino Unido sea un Estado tercero tras el fin del período transitorio del Acuerdo de retirada de la Unión Europea. Ordena publicar el acuerdo para conocimiento general.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 32/2020, que aprueba medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Aprueba medidas sociales complementarias de protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. Crea un subsidio especial por desempleo y amplía el acceso a la prestación para artistas, personal técnico y auxiliar de la cultura y profesionales taurinos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas laborales y sociales para proteger el empleo durante la crisis del COVID-19. Regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas del artículo 22, la protección por desempleo de las personas afectadas y las cotizaciones a la Seguridad Social. También fija límites al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal de las empresas que usan estas medidas.