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Establece las medidas mínimas de seguridad y salud para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Regula las obligaciones de las empresas, los límites de exposición, la vigilancia de la salud, los registros y el reconocimiento de laboratorios especializados.

Regula la organización y el funcionamiento del Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura. Establece sus funciones, los tipos de perfiles genéticos y datos que guarda, la acreditación de los laboratorios que analizan muestras y el procedimiento para integrar datos y acceder a ellos. También fija reglas de privacidad y seguridad de los datos.

Modifica la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva. Añade una definición de destinatario final de la mercancía y obliga a notificar al sistema el fin del movimiento del aceite. Con ello se busca mejorar la trazabilidad y el control de las autoridades.

Regula los laboratorios nacionales de referencia en materia agroalimentaria y de sanidad de la producción primaria. Establece cómo se designan, los requisitos que deben cumplir y sus funciones, y crea una mesa de coordinación. También modifica varias normas relacionadas con sanidad animal, vegetal y fertilizantes.

Designa los laboratorios nacionales de referencia en materia agroalimentaria y de sanidad de la producción primaria. Fija qué centros asumen estas funciones y con qué requisitos deben cumplirlos, conforme a la normativa nacional y europea.

Regula dos comités dentro de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU): uno que valora tratamientos con hormona de crecimiento y otro que valora tratamientos de protonterapia para los mutualistas asegurados. Establece su composición, sus funciones y sus deberes y derechos.

Modifica el anexo II del Real Decreto 1205/2011 sobre seguridad de los juguetes para adaptarlo a la normativa europea sobre el cobalto. Permite usar cobalto en juguetes solo en casos concretos: como impureza del níquel en acero inoxidable, en componentes que conducen corriente eléctrica y en ciertos imanes de neodimio que no puedan tragarse ni inhalarse.

Modifica el anexo del Real Decreto 1851/2009, que recoge las patologías que permiten anticipar la jubilación a personas con discapacidad igual o superior al 45 %. El anexo pasa a ser una lista abierta, ampliable con nuevas patologías y sujeta a revisión periódica.

Regula cómo las oficinas y servicios de farmacia devuelven y destruyen sustancias estupefacientes y psicotrópicas y medicamentos estupefacientes caducados, de uso humano o veterinario. También fija el procedimiento para los residuos de estos medicamentos que se generan en los domicilios y la conservación de registros.

Aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Intensiva. Incluye los criterios de evaluación de los especialistas en formación y los requisitos que deben cumplir las unidades docentes para acreditarse.

Modifica el Real Decreto 581/2017, que regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales en España. El cambio afecta a los requisitos mínimos de formación para las profesiones de enfermería responsable de cuidados generales, odontología, farmacia y veterinaria.

Aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. También fija los criterios de evaluación de los especialistas en formación y los requisitos que deben cumplir las unidades docentes donde se forman.

Regula cómo las personas extranjeras que están en España sin residencia legal pueden obtener el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos. Fija la documentación y el procedimiento para solicitarlo y establece colectivos de especial protección.

Modifica varias normas sobre calidad alimentaria para actualizar su contenido, en particular la definición de «preparados grasos», y deroga disposiciones que ya no se aplican porque existe nueva normativa sobre esos productos.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para el ejercicio presupuestario 2026. El dinero financia la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos.