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Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Cambia la composición de la Comisión de Coordinación para incluir representantes de las jefaturas de los cuerpos y fija un número mínimo de efectivos, entre otros ajustes.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños de la erupción volcánica de La Palma y reconstruir la isla. Incluye apoyos para vivienda, empleo, Seguridad Social, consumo, impuestos, suministros, infraestructuras, agricultura y pesca.

Regula una forma de pago a cuenta de las cuotas de la Seguridad Social para comunidades autónomas, entidades locales y sus organismos dependientes. Sustituye los convenios con comunidades autónomas y la Orden de 9 de abril de 2001, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

Modifica la Ley 19/2017 de renta valenciana de inclusión para adaptarla a la entrada en vigor del ingreso mínimo vital estatal. Reordena y cambia artículos y títulos de esa ley y añade nuevas prestaciones económicas.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.