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Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Cambia la composición de la Comisión de Coordinación para incluir representantes de las jefaturas de los cuerpos y fija un número mínimo de efectivos, entre otros ajustes.

Aprueba los Presupuestos Generales de Navarra para 2023, que incluyen los presupuestos del Parlamento, la Cámara de Comptos, el Defensor del Pueblo, la Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autónomos, fundaciones y sociedades públicas, la Universidad Pública de Navarra y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Fija las cuantías de créditos e ingresos y regula las modificaciones de crédito, los gastos de personal, las operaciones financieras y la gestión presupuestaria.

Regula la economía social en Canarias: define qué entidades forman parte de ella, crea un catálogo canario de estas entidades y establece medidas de fomento, ordenación y difusión del sector. También crea la Comisión de la Economía Social de Canarias y prevé una estrategia canaria de economía social.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

La ley regula la economía social y solidaria en La Rioja: define qué entidades forman parte, crea un catálogo de entidades y un Consejo, y establece medidas de fomento, apoyo económico y simplificación administrativa. También prevé un Plan Riojano de Impulso de este sector.

Publica el acuerdo por el que la Comunidad Foral de Navarra asume la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital en su territorio. Navarra se encarga de informar, tramitar, resolver, controlar y pagar esta prestación a las personas residentes en Navarra.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley catalana 21/2017, que crea la Agencia Catalana de Protección Social. La sentencia interpreta varios preceptos de esa ley de acuerdo con la Constitución, en materia de función recaudatoria y de consideración de los fondos.

Publica el acuerdo por el que el País Vasco asume la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital en su territorio. El acuerdo se recoge en un convenio entre la Administración del Estado y la comunidad autónoma.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Crea el Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que reúne el salario social básico, complementos vitales, medidas de incorporación social y laboral y prestaciones vitales como ayudas de emergencia y al alquiler. Regula quién puede acceder, los requisitos, los importes y el régimen de concesión, pago y control.

Crea la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital, que se suma a esa ayuda estatal, y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. Regula quién puede cobrar la prestación, su cuantía, duración, tramitación y reclamaciones, y ordena los programas de inclusión social en Aragón.

Modifica la Ley 14/2010 para que los menores huérfanos tutelados por la Generalidad no tengan que contribuir con sus pensiones o prestaciones al coste de los servicios sociales que reciben. También regula cómo la Administración gestiona esas prestaciones.

Modifica la Ley 19/2017 de renta valenciana de inclusión para adaptarla a la entrada en vigor del ingreso mínimo vital estatal. Reordena y cambia artículos y títulos de esa ley y añade nuevas prestaciones económicas.

Establece medidas sanitarias y administrativas para mantener el control de la respuesta a la COVID-19 en Cataluña. Incluye el uso de recursos de centros sanitarios privados, la habilitación de espacios para uso sanitario y la intervención de centros residenciales, entre otras medidas.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico en las Illes Balears: la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas, una renta de emancipación para jóvenes tutelados y ayudas de urgencia social. Establece requisitos, importes, duración, gestión y régimen sancionador.

Adopta medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Incluye cambios tributarios, ayudas a la infancia y adolescencia, medidas sobre patrimonio y sobre personal. Se estructura en cuatro capítulos y once artículos.