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Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Actualiza los anexos de la Orden APU/2245/2005 para adaptar el catálogo de material ortoprotésico de MUFACE al catálogo común del Sistema Nacional de Salud. También modifica otras prestaciones complementarias, como las oculares y los productos de baja visión, y regula la compra por internet de algunos productos.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, que recoge medidas urgentes de prevención y contención frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 29/2021, que adopta medidas urgentes en el ámbito energético para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.

Adopta medidas urgentes en materia de energía para facilitar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, impulsar el autoconsumo eléctrico y el despliegue de energías renovables. Modifica varias normas del sector eléctrico, de hidrocarburos y tributarias.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

Establece una prestación extraordinaria para paliar los efectos sociales de la COVID-19 en Canarias. Va dirigida a personas que cobran pensiones no contributivas, el Fondo de Asistencia Social, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y la Prestación Canaria de Inserción. Regula su cuantía, pago, financiación y beneficiarios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, y medidas en materia tributaria. Se ordena su publicación para conocimiento general.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que recoge medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Se ordena su publicación para conocimiento general.

Modifica los anexos II y III de la Orden APU/2245/2005 y suprime mayo como mes para pedir en papel las prestaciones dentarias y oculares de MUFACE. Esas solicitudes en papel podrán presentarse en marzo y octubre; por la sede electrónica, en cualquier momento.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que adopta medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Amplía cuatro años, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desalojos de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad. También modifica la ley de reestructuración de entidades de crédito y adopta medidas de protección de la salud pública.