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Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece las bases reguladoras para conceder subvenciones a actividades de promoción de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, y para sufragar gastos de funcionamiento de entes representativos de la economía social de ámbito estatal.

Crea y regula el Consejo Asesor de Brecha de Género, un órgano del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Su función es asesorar en la toma de decisiones sobre las políticas públicas del ministerio que afectan a las desigualdades entre mujeres y hombres.

Aprueba el pago de una prestación económica extraordinaria a las personas que reciben la Prestación Canaria de Inserción. Su objetivo es compensar la subida de precios de los productos básicos durante 2022. La norma fija la cuantía, el pago, la financiación y quiénes son beneficiarios.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Real Decreto-ley 6/2019, que establece medidas urgentes para la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. La sentencia analiza si el Gobierno justificó suficientemente la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar la norma.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

La ley regula la política de empleo en España: sus objetivos, planificación y gobernanza, la creación de la Agencia Española de Empleo y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. También ordena las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y los servicios para personas desempleadas y empresas.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears: la renta social garantizada, el complemento de renta en las pensiones no contributivas y la renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de menores. También ordena las prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Establece las bases para conceder ayudas, en concurrencia competitiva, a universidades y centros académicos oficiales de postgrado. Estas entidades reparten el dinero en forma de becas a estudiantes para fomentar la formación y la investigación sobre políticas de inclusión.

La ley regula la economía social y solidaria en La Rioja: define qué entidades forman parte, crea un catálogo de entidades y un Consejo, y establece medidas de fomento, apoyo económico y simplificación administrativa. También prevé un Plan Riojano de Impulso de este sector.

Crea y regula el Sello de Inclusión Social, un distintivo para entidades públicas y privadas que colaboren en la inclusión social de personas en situación o riesgo de exclusión. Establece los requisitos, el procedimiento de solicitud, concesión, vigencia y revocación, y los compromisos de quienes lo obtienen.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para proyectos de inclusión social, con un importe de 102.036.066 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías y el procedimiento de concesión, pago y justificación.