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Modifica la instrucción de gestión contable de las entidades de la Seguridad Social para que los documentos contables se elaboren, registren y justifiquen por medios electrónicos. El papel queda como opción residual y transitoria. También simplifica el registro de traspasos de fondos entre cuentas bancarias de la Tesorería General.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica las instrucciones contables de las entidades de la Seguridad Social para añadir un campo de «Código de inventario» en los documentos contables. Con ello se conecta el Inventario de Bienes y Derechos (IBID) con el Sistema de Información Contable (SICOSS) en operaciones sobre bienes inmuebles.

Aprueba una nueva Instrucción de operatoria contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. Reúne en un solo texto las reglas para contabilizar gastos e ingresos, el cierre del ejercicio y la tramitación de distintos tipos de gasto. Deroga la Instrucción anterior de 2014.

Modifica la Instrucción de contabilidad de las entidades de la Seguridad Social para que registren los gastos vinculados a proyectos del Plan de Recuperación con un código único de proyecto. También incorpora a las mutuas colaboradoras y sus centros mancomunados al subsistema contable de gastos con financiación afectada.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Cambia el nombre de algunos indicadores presupuestarios de la memoria de las cuentas anuales para evitar confusión con el «período medio de pago» de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, que adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.