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La ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la accesibilidad de productos y servicios, la entrada de personas altamente cualificadas, obligaciones tributarias del IVA y la digitalización de notarías y registros. También modifica la ley sobre responsabilidad civil por daños nucleares.

Esta ley orgánica regula el sistema universitario español en su conjunto. Establece las funciones de las universidades, su autonomía, la creación de universidades públicas y privadas, la organización de las enseñanzas y títulos, la investigación, la gobernanza y el régimen económico y de personal.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Regula el apoyo a las empresas emergentes (startups) innovadoras. Establece incentivos fiscales, facilidades para atraer inversión extranjera y talento, trámites para sociedades limitadas, compra pública innovadora y entornos de prueba. También crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes y una agencia de supervisión de inteligencia artificial.

Modifica el Código Penal para añadir un supuesto agravado del delito de trata de seres humanos. Se aplica cuando la víctima es una persona cuya vulnerabilidad se origina o agrava por un desplazamiento debido a un conflicto armado o una catástrofe humanitaria.

Regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas dentro del Plan de Acción Universidad-Refugio. El plan se dirige a personas desplazadas por la invasión de Ucrania.

Concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias y a las ciudades de Ceuta y Melilla para atender y acoger a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados durante 2022. Regula el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias y la justificación del dinero.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Igualdad a varias entidades para la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica la ley de planes y fondos de pensiones para impulsar los planes de pensiones de empleo. Crea fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos y regula los planes de empleo simplificados para pequeños ahorradores y trabajadores autónomos.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Modifica normas del transporte de mercancías por carretera para mejorar la sostenibilidad del sector y el funcionamiento de la cadena logística. También regula el desplazamiento de conductores en el transporte internacional y permite revisar de forma excepcional los precios de contratos públicos de obras.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Modifica la Ley de salud pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. Crea la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears y regula su estructura, economía y personal.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

Establece las normas para conceder de forma directa subvenciones a las comunidades autónomas que acojan a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que están en los centros de protección de Ceuta. El objetivo es aliviar la presión sobre los recursos de protección de la infancia de Ceuta mediante la corresponsabilidad entre administraciones.

Modifica la Ley de Salud Pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a la COVID-19. Incluye una disposición que limita los precios y tarifas de las pruebas diagnósticas.