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Modifica el Reglamento de extranjería para actualizar la tramitación de solicitudes de extranjeros en España. Incluye la perspectiva de infancia y de género como principios que guían su aplicación y regula la colaboración de entidades y de Correos en la gestión de solicitudes.

Regula cómo las personas extranjeras que están en España sin residencia legal pueden obtener el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos. Fija la documentación y el procedimiento para solicitarlo y establece colectivos de especial protección.

Regula cómo se reparten entre comunidades y ciudades autónomas las personas menores de edad migrantes no acompañadas cuando se declara una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Fija el procedimiento de traslado, las actuaciones de las administraciones de origen y destino y el seguimiento de su cumplimiento.

Actualiza la regulación del pasaporte de servicio, que sustituye a la de 1978. Define quién puede recibirlo, cómo se acredita la pareja de hecho, su plazo de validez y la obligación de devolverlo.

Regula cómo se expiden el pasaporte provisional y el salvoconducto, dos documentos de viaje de urgencia. El pasaporte provisional lo expiden las embajadas y consulados españoles en el extranjero para personas que necesitan viajar con urgencia. El salvoconducto permite regresar a España a quienes carecen de documentación.

Aprueba el reglamento que desarrolla la ley sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España. Regula la entrada y salida del país, los visados, la estancia, la residencia temporal y de larga duración, el trabajo, los menores extranjeros y el régimen de infracciones y sanciones.

Regula la inscripción de las personas de nacionalidad española en los Registros de Matrícula de las Oficinas Consulares en el extranjero. Establece la obligación de inscribirse, el carácter digital del registro y los trámites de alta como residente y como no residente. También fija cuándo se pierde la condición de residente.

Crea la Comisión Interministerial de Inmigración, un órgano de varios ministerios adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Su función es impulsar y coordinar las medidas de la Administración General del Estado para atender los flujos migratorios irregulares.