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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley del paisaje de La Rioja, en lo que se aplican a actuaciones de competencia estatal. Anula en parte un precepto y declara que otros deben interpretarse conforme a la Constitución.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo de los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo. Concluye que el Tribunal Supremo no vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez imparcial ni a un proceso sin dilaciones indebidas al admitir y resolver el recurso de casación sobre el proyecto Marina Isla de Valdecañas.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo de las comunidades de propietarios de la Isla de Valdecañas. Confirma que la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la homologación del proyecto urbanístico no vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva ni al juez imparcial.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de Cataluña, que sube el tipo de gravamen del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La sentencia examina si ese decreto-ley respetó los límites de la Constitución y del Estatuto de Cataluña.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo de la Junta de Extremadura contra una sentencia del Tribunal Supremo sobre el complejo Marina Isla de Valdecañas. La sentencia aclara que un magistrado puede intervenir en un caso relacionado con otro que ya resolvió sin perder imparcialidad.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de la asociación Gurasos Elkartea y declara que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia anula la resolución judicial que le negó legitimación para recurrir la autorización ambiental de una incineradora.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 de la Junta de Andalucía, que reformaba la regulación para fomentar la actividad productiva. Anula varios preceptos: los que reforman la Ley del Consejo Audiovisual de Andalucía, los reglamentos sobre suelos contaminados y vertidos, y el decreto de municipio turístico.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. La sentencia examina si la ley respeta el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y los derechos y principios constitucionales invocados.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias entre el Gobierno de Canarias y el Estado sobre quién puede declarar la caducidad de una concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre en Lanzarote. La concesión afecta a los terrenos de dos establecimientos hoteleros incluidos en dominio público.

El Tribunal Constitucional anula varios artículos del Decreto-ley 1/2023 del Gobierno de Aragón sobre transición energética y consumo de cercanía. El motivo es que la norma de urgencia no justificó de forma suficiente la extraordinaria y urgente necesidad exigida para aprobar un decreto-ley.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Andalucía 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Declara nulos parcialmente varios preceptos autonómicos que permiten la edificación residencial en suelo rústico, la desafectación de vías pecuarias y la exención de licencia urbanística a los usos mineros.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la norma valenciana que impedía a los propietarios de terrenos destinados a dotaciones públicas solicitar la expropiación forzosa. La sentencia anula la disposición transitoria undécima de la Ley 5/2014 y la disposición transitoria vigésima del texto refundido de 2021.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios preceptos del Decreto-ley 5/2021 de la Región de Murcia, que modificó la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor. El recurso cuestiona los cambios en el régimen de restitución de cultivos y en el control de los regadíos sin derecho de agua.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra el artículo 173 de la Ley valenciana 7/2021, que añadió una regla de distancias mínimas para almacenamiento de productos petrolíferos. La sentencia declara inconstitucional aplicar esa regla a los puertos de interés general titularidad del Estado.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Canarias contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 12/2021, que cambió el límite de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo en Canarias. La sentencia examina si esa modificación respetó el régimen económico y fiscal canario y el informe previo del Parlamento de Canarias.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios preceptos y anexos de la Ley de caza de Castilla y León que permitían cazar lobos al norte del río Duero. Declara nulos esos preceptos porque la normativa básica estatal protege a todas las poblaciones de lobo en España.