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Crea un fondo de compensación para las personas que sufren enfermedades causadas por el amianto. El fondo paga compensaciones sin necesidad de demostrar culpa y se financia con recursos económicos previstos en la ley. Regula quiénes pueden beneficiarse y cómo se tramitan las solicitudes.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a los trabajadores frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. La norma adapta la regulación española al derecho de la Unión Europea.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2022, que adopta medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Adopta medidas urgentes para paliar los daños de la sequía en el sector agrario. Incluye aplazamientos de cuotas de la Seguridad Social, reducciones fiscales, apoyo a la financiación y medidas excepcionales para las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 27/2021, que prorroga determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a las personas trabajadoras frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. Actualiza la norma para incorporar al derecho español la Directiva (UE) 2017/2398, que cambia la lista de sustancias y procedimientos y los valores límite de exposición profesional.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Modifica el Real Decreto 665/1997 para actualizar la protección de los trabajadores frente a agentes cancerígenos y mutágenos. Añade a la lista los trabajos con exposición al polvo respirable de sílice cristalina e incorpora nuevos agentes y sus valores límite de exposición profesional.

Actualiza los anexos del Real Decreto 664/1997 sobre protección de trabajadores frente a agentes biológicos, para adaptarlo al progreso técnico y a la normativa europea. Incluye en la clasificación nuevos agentes biológicos, como el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Establece las condiciones para flexibilizar las restricciones del estado de alarma por COVID-19 en la fase 3 del plan de transición. Regula la libertad de circulación, la apertura de comercios, hostelería, hoteles, cultura, deporte, turismo y otros actos, con medidas de higiene y aforo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que recoge medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.