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Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

Modifica varias normas sobre identificación, registro y trazabilidad de animales de granja. Ajusta la colocación de crotales en ovinos y caprinos, añade la remarcación de cerdos al pasar por distintas explotaciones y cambia el Registro general de explotaciones ganaderas. También incluye una disposición sobre la indicación del origen de la leche.

Regula cómo se reconocen en España los títulos y certificados profesionales de quienes trabajan en la navegación interior en aguas no marítimas. Crea el título de Patrón de Aguas Interiores no marítimas y regula su expedición, el registro de títulos, la libreta de servicio y el diario de navegación. Incorpora al derecho español varias directivas europeas sobre estas cualificaciones.

Regula la gestión de los residuos de los productos del tabaco con filtros que contienen plástico y de los filtros de un solo uso. Establece obligaciones de marcado, recogida separada y responsabilidad ampliada del productor, con sistemas individuales o colectivos de financiación.

Desarrolla la plataforma electrónica de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y la oficina de asignación de recogidas de estos residuos. Regula sus funciones, el acceso de los operadores, el funcionamiento, la financiación, el etiquetado electrónico y la trazabilidad, así como el proceso de asignación de recogidas.

Aprueba un nuevo Reglamento de Vehículos Históricos que sustituye al de 1995. Define qué vehículos pueden clasificarse como históricos, regula los trámites para clasificarlos o matricularlos, las reformas y piezas, la circulación y el uso, los servicios técnicos que los revisan y las infracciones.

Establece las tarifas que se cobran en el área española del Registro de Derechos de Emisión de la Unión Europea, creado por la Ley 1/2005. Regula qué cuentas pagan, qué servicios adicionales se prestan y qué ocurre si no se paga.

Modifica varios reales decretos sobre la aplicación de la Política Agrícola Común en España, en concreto en los sectores de frutas y hortalizas, vitivinicultura y apicultura, y en aspectos del ejercicio de la actividad agraria. Incluye cambios en el régimen de penalizaciones por declaraciones incorrectas de superficies en los pagos directos.

Modifica el Reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para adaptarlo a cambios legales recientes y a una directiva europea. Incorpora la obligación de que las sociedades gestoras de fondos tengan en cuenta los riesgos de sostenibilidad en sus procesos y controles internos.

Regula el sistema de trazabilidad, identificación y registro de animales terrestres en cautividad, como bovinos, ovinos, porcinos, equinos, aves de corral y abejas. Establece los medios y plazos de identificación, los documentos de identificación y movimiento, el libro de registro de explotación y las bases de datos informatizadas.

Desarrolla el Real Decreto 36/2023 para poner en marcha el Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Regula cómo se acreditan los sujetos delegados, cómo se emiten y verifican los certificados, el Registro Nacional y las actuaciones singulares de ahorro.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2023, que adopta medidas urgentes en materia agraria y de aguas frente a la sequía y al encarecimiento del sector primario, promueve el uso del transporte público terrestre entre los jóvenes y regula la prevención de riesgos laborales ante temperaturas altas.

Adopta medidas urgentes frente a la sequía y el encarecimiento de costes en el sector agrario: ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores, apoyo al seguro agrario, flexibilización de la PAC y medidas fiscales y de Seguridad Social. También regula el uso del agua en cuencas afectadas y rebajas de billetes de transporte público terrestre para jóvenes.

Regula cómo la Administración de Aragón planifica, organiza y adjudica sus contratos públicos. Establece que la contratación debe servir también para fines ambientales, sociales y de innovación, y ordena la tramitación electrónica y el control de los contratos.

Regula en Aragón los perros de asistencia y las unidades de vinculación (persona usuaria y perro). Establece su clasificación, requisitos sanitarios, identificación y reconocimiento, y crea registros de perros y de centros de adiestramiento. Fija derechos de acceso al entorno, obligaciones y un régimen sancionador.