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Esta orden determina qué información del Registro de producción y gestión de residuos tiene carácter público. El Registro reúne las comunicaciones previas y autorizaciones de las comunidades autónomas sobre empresas que recogen, transportan, negocian o gestionan residuos, y forma parte del sistema electrónico eSIR.

Regula el Registro de producción y gestión de residuos, un registro único en todo el territorio nacional y compartido por las administraciones. Establece su estructura, contenido, fines y cómo se comunican, incorporan y actualizan los datos, así como el acceso a la información.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Regula los montes de Andalucía: qué se considera monte, cómo se clasifican en públicos y privados, su registro y catálogo, y las competencias de la Junta y los ayuntamientos. Establece normas de gestión sostenible, conservación, prevención de incendios, fomento y régimen sancionador.

Establece la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración en tres actividades pesqueras: solicitudes, declaraciones y preavisos en reservas marinas de interés pesquero; disponer de un dispositivo electrónico de localización para pescar en ellas; y trámites de pesca de recreo y de especies protegidas.

Modifica el Reglamento General de Vehículos para regular el Registro de Vehículos Personales Ligeros. Establece la certificación de estos vehículos y su identificación, y fija un régimen transitorio para los vehículos de movilidad personal no certificados.

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

Modifica las normas de nutrición sostenible de los suelos agrarios. Ajusta obligaciones sobre el cuaderno de explotación y el plan de abonado, y facilita el uso de estiércoles y abonos orgánicos. También fija cuándo empiezan a aplicarse estas obligaciones.

Establece las normas para la gestión de neumáticos al final de su vida útil, desde que se ponen en el mercado hasta su recogida y tratamiento. Regula las obligaciones de los productores, los sistemas de responsabilidad ampliada, los gestores y la información a las administraciones.

Modifica el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Cambia qué técnicos pueden emitir los certificados y regula el registro de técnicos competentes y la evaluación de la calidad de los certificados.

Regula cómo se obtiene, se mantiene y se pierde el título de entidad colaboradora de la administración hidráulica (ECAH). Estas entidades certifican datos sobre extracción de agua, vertidos, calidad de las aguas y seguridad de presas y embalses ante los organismos de cuenca.

Establece un sistema de colaboración con colegios profesionales y otras entidades para que emitan informes técnicos que agilicen la tramitación de licencias urbanísticas. También modifica varias leyes de suelo, vivienda y cooperativas para impulsar la construcción de viviendas en Canarias.

Crea el Registro de Seguridad de Presas y Embalses de la Administración General del Estado. En él se inscriben las presas y embalses que superan los 5 metros de altura o los 100.000 metros cúbicos de capacidad, y se anotan las resoluciones e informes sobre su seguridad.

Modifica la Ley 2/2023 de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja para ajustarla a las competencias del Estado. Elimina o cambia varios artículos sobre los que había discrepancias con la Administración General del Estado y también modifica la Ley 8/2022 de caza y gestión cinegética.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y regula su estructura y funcionamiento. Establece la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar y publicar planes de reducción de emisiones para determinadas empresas.

La ley establece medidas para prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria. Fija obligaciones para los agentes de la cadena, medidas de buenas prácticas, reglas sobre las fechas de consumo preferente y un régimen sancionador.

Modifica dos reales decretos sobre subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH). Ajusta el reparto de competencias entre autoridades, los mecanismos de coordinación y el registro nacional de movimientos de estos materiales.