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Regula los grados A, B y C de Formación Profesional de varias familias profesionales: Administración y Gestión, Agraria, Informática y Comunicaciones, y Madera, Mueble y Corcho. Establece estos grados para distintos títulos de Técnico Básico, Técnico y Técnico Superior, y regula el profesorado y personal formador.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Regula los sistemas electrónicos para medir y controlar el agua que se capta de ríos y acuíferos, la que retorna al dominio público hidráulico y la que se vierte. Establece tipos de captaciones, categorías de aprovechamientos, requisitos técnicos de los medidores y frecuencias de envío de datos a los organismos de cuenca.

Modifica las bases de las ayudas para proyectos de digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío del PERTE de digitalización del ciclo del agua y aprueba la segunda convocatoria de subvenciones del año 2024. Las ayudas se conceden por concurrencia competitiva.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.

Establece las bases para conceder ayudas a los ayuntamientos y entidades locales del Camino de Santiago que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Las ayudas financian proyectos de transformación digital y modernización, y se abre la convocatoria del ejercicio 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, que establece la organización y los procedimientos para responder a un posible maremoto en las costas españolas. Incluye un sistema nacional de alerta y un protocolo de avisos a autoridades, servicios de emergencia y población.

Desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018 sobre seguridad de las redes y sistemas de información. Fija las autoridades competentes, la cooperación entre equipos de respuesta a incidentes (CSIRT), los requisitos de seguridad y la gestión y notificación de incidentes. También regula la supervisión del cumplimiento.