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Establece las medidas mínimas de seguridad y salud para los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Regula las obligaciones de las empresas, los límites de exposición, la vigilancia de la salud, los registros y el reconocimiento de laboratorios especializados.

Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Regula la concesión directa de dos subvenciones: una a la Universidad Politécnica de Madrid y otra al Servicio de Salud del Principado de Asturias, para actuaciones en materia de seguridad minera. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, las obligaciones, la cuantía, el pago y la justificación.

Modifica el Real Decreto 665/1997, que protege a los trabajadores frente a los riesgos de exponerse a agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo. La norma adapta la regulación española al derecho de la Unión Europea.