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Modifica varios reales decretos sobre la aplicación de la Política Agrícola Común en España, en concreto en los sectores de frutas y hortalizas, vitivinicultura y apicultura, y en aspectos del ejercicio de la actividad agraria. Incluye cambios en el régimen de penalizaciones por declaraciones incorrectas de superficies en los pagos directos.

Establece medidas para responder a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos y perturbaciones del mercado en los sectores de frutas y hortalizas y vitivinícola. Permite adaptar los programas operativos de las organizaciones de productores y ampliar plazos para plantaciones de viñedo, entre otras excepciones temporales.

Modifica varios reales decretos sobre control y certificación de plantas de vivero y materiales de reproducción vegetal. Adapta la normativa española a las reglas europeas sobre plagas de los vegetales en semillas y plantones. También permite delegar en otras personas jurídicas y fija requisitos para pruebas científicas.