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Aprueba un nuevo reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. Regula las autorizaciones para construir, explotar y desmantelar estas instalaciones, el personal que trabaja en ellas y otras actividades con exposición a radiaciones ionizantes. Sustituye al reglamento de 1999.

Actualiza la tarifa fija unitaria que las centrales nucleares en explotación pagan a Enresa para financiar la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de instalaciones nucleares. La norma revisa esa tarifa y deroga la regulación anterior sobre la misma materia.

Aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que fija las directrices para identificar riesgos de emergencias y catástrofes, el contenido mínimo de los planes de protección civil y las bases para coordinar a los servicios de intervención. También establece el catálogo de riesgos que deben planificarse.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que establece normas básicas de seguridad para proteger a la población y al personal de intervención frente a radiaciones ionizantes en emergencias nucleares o radiológicas. El acuerdo se integra en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que recoge medidas urgentes del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La orden regula el reaseguro que asume el Consorcio de Compensación de Seguros para cubrir la responsabilidad civil por daños nucleares. Fija las condiciones, la prima, la gestión de siniestros y las liquidaciones entre el Consorcio y las entidades aseguradoras.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

España ratifica el Protocolo de 2004 que modifica el Convenio de París sobre responsabilidad civil por daños nucleares. El Protocolo actualiza las reglas sobre quién responde y cuánto se paga cuando se producen daños por energía nuclear.

Desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018 sobre seguridad de las redes y sistemas de información. Fija las autoridades competentes, la cooperación entre equipos de respuesta a incidentes (CSIRT), los requisitos de seguridad y la gestión y notificación de incidentes. También regula la supervisión del cumplimiento.