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Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

Modifica el Real Decreto 501/2024 para elevar de subdirección general a dirección general el rango de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Este servicio sigue adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Crea el Comité Antifraude del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como órgano colegiado. Establece su composición, sus funciones de diseño, seguimiento, evaluación y revisión de la estrategia contra el fraude, y su régimen de funcionamiento.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Reorganiza la Administración General del Estado en 22 ministerios y fija las competencias y la estructura interna de cada uno. También adscribe organismos públicos a los nuevos departamentos y suprime los órganos que desaparecen.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones del Real Decreto-ley 15/2020, que trasladaba la gestión de las clases pasivas del Estado al Instituto Nacional de la Seguridad Social. La sentencia declara nulos los preceptos que modifican ese régimen de gestión por no justificarse la urgencia exigida al decreto-ley.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones del Real Decreto-ley 15/2020, de medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

Reorganiza la Administración General del Estado y fija los 22 ministerios que la componen, con sus competencias y sus órganos superiores, como secretarías de Estado.