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Regula la concesión directa de subvenciones a entidades para reforzar la protección y asistencia a mujeres y niñas víctimas de violencia en Ceuta. Las actuaciones se centran en prevención, detección temprana, acompañamiento especializado y acogida de emergencia ante violencia de género, sexual, explotación sexual y trata.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

Establece los procedimientos básicos para acreditar que una persona es víctima de violencias sexuales. La acreditación sirve para acceder a los derechos y recursos previstos en la ley. Se aprueba en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Regula la ayuda económica para víctimas de violencias sexuales que carezcan de recursos suficientes, prevista en la Ley Orgánica 10/2022. Fija quién puede solicitarla, cómo se acredita la condición de víctima, el plazo de solicitud, la cuantía, el pago, la tramitación y el reembolso. También modifica el real decreto que regula la ayuda económica para víctimas de violencia de género.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso contra varios artículos de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2020, que modifica la Ley 5/2008 sobre violencia machista. La sentencia declara nulo el precepto que imponía obligaciones a los partidos políticos en materia de prevención de la violencia machista y analiza la extensión de la protección a mujeres transgénero.

Aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. El protocolo se aplicará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del real decreto.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Modifica el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual para evitar que en casos graves se apliquen las penas mínimas de los nuevos marcos penales. También corrige omisiones sobre responsabilidad penal de personas jurídicas y sobre la difusión de contenidos que incitan a agresiones sexuales a menores de dieciséis años.

La ley establece medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2023. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y tasas, y modifica normas sobre empleo público, medio ambiente, vivienda, medio rural, infraestructuras, política social, sanidad, industria, comercio e innovación.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra tres disposiciones finales de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra dos apartados de la Ley 8/2021 que reforman el Código civil en materia de apoyo a personas con discapacidad. Los recurrentes cuestionaban las reglas que impiden fijar visitas o estancias al progenitor inmerso en un proceso penal o con indicios de violencia doméstica o de género, y la que faculta al otro progenitor para dar asistencia psicológica a los hijos menores.

Modifica el Reglamento de destinos del personal militar profesional. Cambia las reglas para asignar destinos a parejas de militares, a víctimas de violencia de género o sexual y a militares denunciados por acoso. También fija límites para destinar a cierto personal y regula los destinos en la Jurisdicción Militar.