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Reforma el sistema público de pensiones para mantener su poder adquisitivo y reforzar su sostenibilidad financiera y social. Modifica la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas, y crea un mecanismo de equidad intergeneracional.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 27/2021, que prorroga determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Modifica el Real Decreto-ley 17/2020, que aprobó medidas de apoyo al sector cultural y tributarias frente al COVID-19. Cambia la exposición de motivos y añade una disposición adicional sobre la compra de bienes muebles del Patrimonio Histórico por el sector público.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 9/2021, que modifica el Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas que reparten en plataformas digitales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 9/2021, que modifica el Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas que reparten en plataformas digitales. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

Establece las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para el primer tramo de 2020 destinadas a pescadores cuya actividad se paralizó por el COVID-19 y que tramitaron una suspensión de contrato o reducción de jornada. Las ayudas las gestiona el Instituto Social de la Marina y se pagan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, sobre trabajo a distancia, y ordena su publicación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados aprueba la convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, y ordena su publicación. La norma había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2020.

Aprueba modelos de certificación colectiva de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores de un concurso. Estos certificados acompañan a la solicitud de prestaciones de garantía salarial del Fondo de Garantía Salarial cuando la solicitud se basa en el concurso de la empresa.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Establece las condiciones para flexibilizar las restricciones del estado de alarma por COVID-19 en la fase 3 del plan de transición. Regula la libertad de circulación, la apertura de comercios, hostelería, hoteles, cultura, deporte, turismo y otros actos, con medidas de higiene y aforo.